La sesión para anular el DNU que permite contratos de bitcoin en Argentina fracasó

• Los bloques de oposición reunieron 121 de los 129 diputados necesarios para abrir la cámara.
• El Código Civil mantiene el requisito de cumplir con las deudas en la moneda acordada.

El intento de la oposición política de anular el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 fracasó el 15 de octubre de 2026, en la Cámara de Diputados de Argentina.

Los bloques críticos apenas lograron reunir 121 legisladores en la cámara, quedando ocho votos por debajo del quórum de 129 necesario para iniciar la sesión.

Así, la desregulación económica promovida por el Poder Ejecutivo sigue activa y, con ella, la viabilidad legal de firmar contratos comerciales, inmobiliarios y financieros utilizando bitcoin (BTC) y criptomonedas.

El bloqueo del debate legislativo fue posible gracias al apoyo de gobernadores provinciales del norte y centro del país, quienes influyeron directamente en las decisiones de sus bancadas.

Las ausencias de diputados clave de Tucumán, Santa Fe y Jujuy fueron decisivas para que el partido gobernante frustrara el avance de la oposición, mientras que otros sectores provinciales participaron en discusiones paralelas sobre inversiones en infraestructura nacional.

En consecuencia, el marco legal para los acuerdos entre partes privadas continúa regido por las modificaciones que el decreto introdujo en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En la práctica, la continuidad del DNU 70/23 implica que cualquier persona o empresa puede acordar el pago de alquiler, la venta de bienes raíces o la liquidación de un préstamo directamente en bitcoin o criptomonedas.

En el área de arrendamientos, tras la derogación de las regulaciones de alquiler anteriores, los pagos pueden establecerse en cualquier forma a la libre discreción de las partes involucradas, y el inquilino no puede exigir el pago en una moneda diferente a la especificada en el documento. Además, se puede estipular libremente en qué activo se entregan las garantías y los depósitos de seguridad.

El artículo 765 de la regulación modificada establece que la obligación es pagar dinero si el deudor debe una cierta cantidad de moneda, <<ya sea que sea o no moneda de curso legal en el país>>, prohibiendo expresamente a los jueces modificar el método de pago acordado.

Además, el artículo 766 exige que el deudor entregue la cantidad correspondiente de la forma designada en el momento de la firma. Esta flexibilidad, que la ex canciller Diana Mondino confirmó en diciembre de 2023 al afirmar que los acuerdos pueden hacerse en bitcoin o criptomonedas, se basa en el principio de la voluntad de las partes.

El fracaso de la sesión de oposición asegura certeza a corto y mediano plazo para los usuarios de activos digitales en el territorio argentino. Con una próxima convocatoria legislativa oficialmente programada para el 21 de octubre centrada en una agenda diferente, el mercado mantiene un respaldo regulatorio válido que protege el uso de bitcoin como medio de intercambio legalmente vinculante, protegiendo los acuerdos voluntarios de posibles intervenciones judiciales que busquen alterar las condiciones de pago originales.

Cabe aclarar que el intento de anulación y las negociaciones que blindaron el decreto no respondieron principalmente a una discusión en torno a las criptomonedas. En cambio, fueron motivadas por cuestiones centrales del DNU como la desregulación de las economías regionales, la política laboral y la venta de tierras rurales.

Así, el uso de bitcoin y criptomonedas en contratos inmobiliarios y comerciales sobrevive como un efecto rebote de una amplia reforma estructural cuyo centro de debate político recorrió caminos completamente ajenos al ecosistema creado por Satoshi Nakamoto.

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