Un informe reciente señala que un deudor vinculado a Poolin obtuvo autorización, dentro de un proceso de quiebra en Nueva Jersey, para vender activos de minería en Texas por hasta unos US$180 millones. El mismo informe describe la contraprestación como un pago de US$100 millones contra entrega, más hasta US$80 millones sujetos al cumplimiento de hitos posteriores; asimismo, cita una fecha límite para presentar pruebas de reclamación el 31 de diciembre de 2026 y una audiencia el 10 de noviembre.

Qué cubre realmente la autorización de venta reportada

El informe reciente indica que la operación aprobada comprende activos de minería en Texas vinculados a un deudor asociado con Poolin, dentro de un proceso de quiebra en Nueva Jersey. Su valor anunciado asciende a cerca de US$180 millones, pero el informe no presenta esa cifra como un único pago garantizado.

En cambio, desglosa el acuerdo en un pago reportado de US$100 millones contra entrega y hasta US$80 millones ligados a hitos posteriores. La diferencia es relevante para los acreedores: los US$180 millones representan la contraprestación máxima, no una suma confirmada que se pagará íntegramente al cierre.

Para quienes siguen las posibles recuperaciones, la conclusión inmediata es más acotada de lo que sugiere el titular. La aprobación de una venta puede acercar los activos operativos a su conversión en efectivo, pero por sí sola no determina cuándo se distribuirán los fondos, cuánto recuperarán los acreedores ni cómo se materializará finalmente la porción contingente ligada a hitos.

Por qué sigue importando la fecha límite para presentar la prueba de reclamación

El mismo informe cita el 31 de diciembre de 2026 a las 4:00 p. m., hora del Este, como fecha límite para que los acreedores presenten reclamaciones, y advierte que incumplir el plazo puede afectar la validación de la reclamación, la votación del plan y las distribuciones posteriores. Esto implica que el proceso de reclamaciones sigue siendo central, incluso si avanza la venta de activos.

La documentación del caso proporcionada no establece qué grupos de acreedores relacionados con Poolin están obligados a presentar una reclamación. El informe menciona a usuarios chinos y tipos de créditos como saldos en la plataforma, pagarés y ganancias de pools de minería, pero ello no demuestra que todos los titulares de esas categorías deban presentar una prueba de reclamación.

La guía general sobre el Capítulo 11 del despacho Holland & Knight señala que los acreedores cuyos créditos no estén registrados, o figuren como controvertidos, contingentes o sin liquidar, deben presentar una prueba de reclamación para poder votar sobre un plan bajo el Capítulo 11 y recibir distribuciones. El Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey también indica que el formulario de Prueba de Reclamación está disponible en su sitio web. Estos elementos explican por qué simplemente enviar documentación no equivale necesariamente a presentar una reclamación válida.

La lectura práctica es clara: el anuncio de la venta incide en el valor de la masa concursal, pero los derechos de los acreedores siguen dependiendo de si deben presentar formalmente una reclamación conforme a la notificación y los procedimientos específicos del caso.

Lo que muestra hasta ahora el cronograma reportado

La información disponible sugiere que el caso ha atravesado varias etapas. Un informe recuperado del 24 de julio de 2026, que citaba a TheMinerMag, indicó que Poolin y dos filiales estadounidenses presentaron solicitudes voluntarias bajo el Capítulo 11 en Nueva Jersey el 22 de julio de 2026, tras alcanzar un acuerdo de compra de activos para dos instalaciones en Texas con una oferta inicial reportada de US$52 millones.

La misma cadena de fuentes señaló además que esas dos instalaciones de minería en Texas habían suspendido sus operaciones de minería y alojamiento el 10 de julio de 2026. En ese contexto, la venta aprobada por hasta US$180 millones que menciona el informe reciente apunta a una fase posterior de la operación, potencialmente de mayor valor.

Esto no demuestra una contradicción. La cifra anterior de US$52 millones se describió como una oferta inicial, mientras que el informe actual se refiere a una operación posterior con un valor máximo que incluye contraprestaciones vinculadas a hitos. Sin la orden judicial subyacente ni los documentos de venta, la relación entre ambas cifras sigue sin definirse.

Por ahora, las conclusiones son limitadas pero útiles: el caso parece haber pasado del cese de operaciones y una estructura inicial de venta a una etapa posterior de autorización reportada. La audiencia del 10 de noviembre y el vencimiento de fin de año para las reclamaciones son las próximas fechas citadas a seguir.