El 16 de septiembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la H.R. 8957 enmendada por 28 votos a favor y 21 en contra, avanzando una legislación que incorporaría a la ley federal una reserva estratégica estadounidense de Bitcoin y un programa de reserva de activos digitales, y exigiría que ciertos Bitcoin en poder del gobierno permanezcan bloqueados durante al menos 20 años.

El proyecto enmendado exigiría que los Bitcoin legalmente mantenidos por el gobierno federal, cuando no se aplique ningún otro uso legal, se conserven durante al menos 20 años desde la fecha de entrada en vigor de la ley. Durante ese período, los Bitcoin no podrían venderse, intercambiarse, subastarse, pignorarse ni disponerse de otro modo, de acuerdo con la medida descrita por la acción del comité.

La legislación también ordena al Departamento del Tesoro establecer las reservas pertinentes dentro de los 180 días posteriores a su promulgación. Además, exige la publicación de un informe anual de prueba de reservas que cubra las tenencias, las transacciones y el control de las claves privadas. El Tesoro y el Departamento de Comercio tendrían la tarea de estudiar formas legales y presupuestariamente neutrales de aumentar las tenencias de Bitcoin, aunque la medida no autoriza compras directas.

Diferentes fuentes describen el asunto de manera distinta, y los detalles pertinentes aún requieren confirmación oficial.

Ese conflicto se centra principalmente en la denominación formal del proyecto y algunas disposiciones de presentación de informes descritas en otros lugares. Aun así, la dirección central de la política en la actual acción del comité es clara: la propuesta busca convertir un marco federal de reserva de Bitcoin en ley y establecer reglas más estrictas para la custodia, la presentación de informes y la retención a largo plazo de Bitcoin en poder del gobierno.

Por qué importa

Este es uno de los pasos legislativos federales más concretos de EE. UU. que vinculan a Bitcoin con la política de reservas soberanas. Si finalmente se promulga, trasladaría el concepto de reserva de un acuerdo administrativo a una ley estatutaria, lo que dificultaría que una futura administración lo revierta y daría al mercado un marco más claro sobre cómo se gestionan los Bitcoin en poder federal.

El proyecto también importa porque separa la gobernanza de las reservas de la acumulación inmediata. Al centrarse en la custodia, la transparencia y la retención, en lugar de autorizar compras directas, la medida apunta a un enfoque de política pública que podría moldear la forma en que las instituciones interpretan la estrategia estadounidense de activos digitales sin crear una nueva fuente inmediata de demanda del mercado.