La Ley CLARITY de EE. UU. mencionada recientemente en comentarios sobre la competitividad del sector cripto es la H.R. 3633, denominada formalmente Ley de Claridad para el Mercado de Activos Digitales de 2025. Los registros oficiales del Senado muestran que el proyecto sigue pendiente después de que el 15 de septiembre de 2026 fracasara, por 49 votos a 50, la votación para cerrar el debate sobre la moción de proceder a su examen. La advertencia del 24 de octubre sobre un posible traslado de empresas al extranjero se atribuyó a declaraciones de Peter Hughes, consejero delegado de Grupo Apex.

Cuál es realmente la situación de la Ley CLARITY en el Senado

Sí, la iniciativa ha llegado al Senado. El proyecto en cuestión es la H.R. 3633, cuyo título oficial es Ley de Claridad para el Mercado de Activos Digitales de 2025. El principal hito oficial fue la votación del Senado del 15 de septiembre de 2026 para cerrar el debate sobre la moción de proceder al examen del proyecto.

La votación fracasó por 49 votos a 50. En la práctica, esto significa que el Senado no superó en ese momento el trámite procesal necesario para iniciar su consideración en el pleno. No fue una votación final sobre el texto, ni aprobó el proyecto ni lo descartó definitivamente.

Congress.gov muestra que la última actuación oficial disponible fue una moción presentada ese mismo día por el senador Thom Tillis para reconsiderar la fallida votación de cierre. Por tanto, la descripción más precisa es que la H.R. 3633 sigue pendiente en el Senado, aunque bloqueada por motivos procedimentales y no derrotada de forma definitiva.

Por qué importa el umbral de 60 votos y qué sigue sin fecha

La referencia de la información de última hora a los 60 votos solo tiene sentido en este contexto procedimental: el umbral correspondía al cierre del debate sobre la moción para proceder. El registro del Senado lo respalda directamente. No permite interpretar el resultado del 15 de septiembre como el fracaso de una votación final sobre el proyecto completo.

La distinción es relevante porque también delimita el siguiente paso formal. El último movimiento documentado en el Senado es la presentación de la moción para reconsiderar la fallida votación de cierre. Ningún registro oficial aportado fija una nueva fecha para otra votación de cierre, una audiencia o la consideración final.

La información del 24 de octubre también sostiene que el proyecto carecía de apoyos por las discrepancias sobre disposiciones éticas y las recompensas de las stablecoins. Estas cuestiones encajan en el debate más amplio sobre la legislación, pero el registro oficial de la votación nominal no las identifica como la causa del resultado de 49 a 50. Siguen formando parte de la explicación política recogida en la información, no de una declaración oficial sobre el motivo del fracaso de la votación.

Las recompensas de las stablecoins sí guardan relación con la materia del proyecto. El texto oficial incluye disposiciones sobre compensaciones vinculadas a stablecoins de pago, incluidas recompensas, incentivos o programas similares. Esto explica por qué la política de recompensas constituye una cuestión legislativa real en este caso, aunque no demuestra que fuera decisiva para la votación del Senado.

Por qué Hughes presentó la demora como un problema de competitividad

Según la información de última hora, Hughes sostiene que una demora prolongada en EE. UU. podría llevar a las empresas de activos digitales a jurisdicciones que avancen más rápido en la elaboración de normas. Esa afirmación debe leerse a la luz de la situación real de la H.R. 3633: el proyecto sigue vivo, pero aún no ha superado el trámite de entrada al Senado necesario para debatirse en el pleno.

La descripción oficial de la votación en el Senado ayuda a entender por qué esto importa. La H.R. 3633 se plantea como una norma de estructura de mercado que implica a la SEC y la CFTC, por lo que la cuestión pendiente no es solo el calendario legislativo en abstracto. Se trata de la ausencia de un marco legal consolidado que determine cómo se regula a escala federal la actividad relacionada con activos digitales.

Esto permite entender mejor el argumento de la competitividad sin exagerarlo. La información aportada respalda la advertencia de Hughes como la opinión actual de un directivo, pero no acredita que las empresas ya se hayan trasladado ni que una región concreta haya captado ya ese beneficio. Lo que sí está claro es que la próxima señal relevante del Senado sería una actuación sobre la moción de reconsideración o la convocatoria de una nueva votación de cierre sobre la moción para proceder.