ChainCatcher informó que el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI) de California presentó una carta de comentarios en contra del marco propuesto por la SEC, Regulation Crypto Assets, al sostener que podría debilitar la protección de los inversores al limitar la supervisión estatal sobre las ofertas de criptoactivos. Fragmentos de búsqueda proporcionados por la SEC y el DFPI vinculan la disputa con el expediente File No. S7-2026-27 y con los límites de financiación informados en la propuesta: US$ 5 millones en cuatro años y US$ 75 millones en 12 meses.

Qué contempla la propuesta de la SEC

Los fragmentos de la SEC proporcionados identifican la propuesta en disputa como Regulation Crypto Assets, File No. S7-2026-27 y Release No. 33-11434. En la práctica, se plantea como un régimen federal de oferta diseñado para determinados contratos de inversión vinculados a criptoactivos, y no como una reforma general de toda la regulación cripto.

Según ChainCatcher, el marco crearía dos exenciones de registro bajo la Ley de Valores. Una permitiría a los emisores elegibles recaudar hasta US$ 5 millones en un período de cuatro años, mientras que otra habilitaría hasta US$ 75 millones cada 12 meses. El mismo informe señaló que los emisores deberían divulgar detalles del proyecto, riesgos y otra información para que los inversores puedan evaluarlo; algunas ofertas también requerirían estados financieros y reportes periódicos.

Los fragmentos de la SEC proporcionados coinciden con esos mecanismos principales y sitúan la propuesta dentro de un proceso formal de elaboración normativa. Esto es relevante porque la noticia trata de una estructura de financiación propuesta para algunos emisores de criptoactivos, no de una norma ya aprobada y vigente.

Por qué California considera que podría debilitarse la protección al inversor

La objeción de California no se describe como un rechazo a las propias normas de divulgación. La preocupación informada es que el marco de la SEC podría facilitar que se eluda la revisión estatal de las ofertas de criptoactivos, aun si los estados conservan sus facultades para actuar contra el fraude y los intermediarios no autorizados conforme a la legislación federal de valores.

La distinción es importante. Un estado podría todavía investigar un fraude una vez que la oferta ya está en marcha, pero el reclamo de California apunta a la pérdida de parte de su función de control previo antes de que los inversores aporten fondos. En ese sentido, la disputa trata sobre supervisión preventiva, no simplemente sobre si los estados pueden perseguir a actores indebidos más adelante.

Un fragmento de búsqueda del DFPI proporcionado añade un detalle concreto a esa postura: sostiene que la Comisión debería retirar una definición propuesta de “comprador calificado”. Sin el texto completo de la carta, esto no permite establecer la totalidad del argumento jurídico, pero sí muestra que la oposición de California se vincula con una característica específica de la propuesta y no con una postura genéricamente contraria a la SEC.

En qué estado está el proceso normativo tras la carta de comentarios

La etapa más reciente respaldada por la información disponible sigue siendo la de consulta pública. Un fragmento de una propuesta normativa de la SEC indica que la publicación apareció en el Registro Federal el 21 de agosto de 2026 y que los comentarios vencían el 20 de octubre de 2026. El fragmento de la carta del DFPI lleva fecha del 20 de octubre de 2026, en línea con ese cronograma.

Por lo tanto, la presentación de California debe interpretarse como parte del expediente de comentarios de la SEC, no como prueba de que la propuesta haya sido aprobada, postergada o bloqueada. En un proceso normativo habitual de la SEC, el organismo revisa las presentaciones antes de decidir si modifica la propuesta, la vuelve a proponer, adopta una norma definitiva o la deja de lado.

La evidencia proporcionada no acredita ninguna acción posterior de la SEC. Por eso, la conclusión más clara por ahora es que Regulation Crypto Assets permanece en fase de propuesta, mientras California busca influir en el resultado final con sus objeciones sobre protección al inversor y autoridad estatal.