KWBA habría presentado el 26 de octubre sus observaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur, fecha límite de la consulta pública sobre un proyecto de decreto reglamentario de la Ley de Transacciones Cambiarias. La asociación respalda que las transferencias transfronterizas de activos virtuales queden sujetas a supervisión cambiaria, aunque sostiene que deben revisarse algunos aspectos de implementación por el nivel de preparación del sector y la carga de cumplimiento.

Qué abarcaría actualmente el proyecto de decreto

La propuesta busca incorporar las transferencias transfronterizas de activos virtuales al sistema de supervisión cambiaria de Corea del Sur. Un extracto en los resultados de búsqueda de Korea.net sobre un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas señala que la enmienda propuesta del 7 de octubre fue sometida a consulta pública para implementar la modificación del 2 de junio a la Ley de Transacciones Cambiarias.

Ese mismo extracto ministerial indica que el alcance informado no se limita a transferencias entre proveedores de servicios de activos virtuales locales y extranjeros. También incluye transferencias entre proveedores locales y billeteras personales dentro del marco propuesto para el negocio de transferencias de activos virtuales. Es un detalle relevante, ya que sugiere que el sistema de supervisión podría ir más allá de los flujos entre exchanges.

Los reportes de prensa disponibles aportan el mecanismo práctico. BigGo Finance señaló que los operadores alcanzados tendrían que registrarse previamente y reportar la información de las transferencias transfronterizas a través de la red informática cambiaria del Banco de Corea. BigGo Finance también mencionó una condición propuesta de capital mínimo de KRW 2.000 millones, aunque esa cifra sigue en etapa de reporte periodístico y no fue confirmada a partir de un texto del decreto revisado directamente.

Por qué KWBA pide cambios antes de la versión definitiva

La posición de KWBA, según se describe en el reporte actual, es respaldar el objetivo de política, pero no todos los detalles de implementación. La asociación no se opone en sí misma a la supervisión cambiaria de las transferencias cripto transfronterizas; pide al ministerio reconsiderar disposiciones que podrían ser demasiado exigentes para el actual nivel de preparación del sector o demasiado costosas de cumplir en la práctica.

No se han podido establecer las cláusulas exactas cuestionadas por KWBA, ya que no se proporcionó su presentación original del 26 de octubre. Por eso, la interpretación más respaldada es acotada: KWBA busca revisiones vinculadas con la preparación operativa y la carga de cumplimiento, pero la redacción precisa de esos cambios solicitados aún no es pública en el material suministrado.

Reportes previos de 2026 ayudan a entender por qué importa la cuestión de la carga. Un informe de mercado de mayo indicó que las empresas involucradas en transferencias transfronterizas de activos virtuales pasarían a un régimen de registro bajo la Ley, con exchanges y custodios incluidos en el alcance. Un reporte de SBS Biz de junio describió de manera similar un sistema en el que los operadores se registrarían ante el Ministerio de Economía y Finanzas y reportarían información de las operaciones cuando se produzcan transferencias transfronterizas. Esos informes anteriores no prueban el texto definitivo del proyecto de octubre, pero muestran por qué los exchanges, custodios y operadores similares son los grupos con mayor probabilidad de verse afectados si el marco avanza en una forma aproximadamente similar.

En qué estado está el proceso tras el plazo del 26 de octubre

El estado actual se entiende mejor como una instancia de consulta sobre un proyecto, no como una norma definitiva. El reporte suministrado establece que el 26 de octubre fue la fecha límite para comentarios y que KWBA presentó sus observaciones antes de ese vencimiento. No establece que el ministerio ya haya finalizado, promulgado o puesto en vigencia el decreto.

La distinción es importante para quienes buscan evaluar el impacto inmediato en materia de cumplimiento. El marco informado es lo suficientemente concreto como para mostrar la dirección —registro, reporte y una supervisión más amplia de las transferencias transfronterizas de activos virtuales—, pero todavía no está lo bastante definido como para considerar cada requisito informado como ley firme. La próxima actualización relevante sería un texto revisado del decreto, una respuesta formal del ministerio a los comentarios o una etapa oficial de promulgación.